Fuente: Página Siete
En La Paz, al menos 14 hospitales y centros de salud que forman parte de las obras sociales de la Iglesia Católica no practicarán  abortos  como dispone la propuesta de Ley del Código del Sistema Penal.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirma que “no cree que haya médicos no objetores” para que cada centro de salud practique la interrupción de un embarazo.
En el comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) titulado “Dónde nos están conduciendo”, la Iglesia recuerda a los católicos  que es contradictorio llamarse cristianos y apoyar el aborto. “En esa línea aclaramos que ninguna obra de salud de la Iglesia, que reporte o no al sistema público de salud, se prestará a quitar la vida de los más inocentes”, indicó.
De acuerdo, con el listado de las obras sociales de  la Iglesia Católica en Bolivia difundido en su portal digital www.iglesia.org.bo en el departamento de La Paz hay  14 obras de salud.
Entre las obras de salud que más destacan y que son de referencia regional están  el Hospital Arco Iris, el Juan XXIII y  el San Francisco de Asís.
Además de la clínica Fides, el hospital Adolfo Kolping, el centro de salud Jesús Obrero y Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto.
También están el Centro de Salud Anchalani de Coro Coro  y el Hospital General de los Yungas de Coroico, entre otros.
Según el proyecto de ley, el sistema nacional de salud debe precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, niña y adolescente y no podrá negar la interrupción del embarazo. El rechazo de practicar el aborto por objeción de conciencia es una decisión individual.
“Cada servicio de salud deberá garantizar que la atención sea brindada por otro médico no objetor”, indica la norma.
A decir de Larrea  el Gobierno debe respetar la decisión de la Iglesia, pero también de cada uno de los galenos  porque “sólo se hará cumplir los principios de cada uno y su ética”, destacó.
Alegó que “no creo que haya médicos no objetores”, por lo que recomendó al Gobierno contratar a esos galenos “especialmente para atender esos casos”.
Aseguró que en la reunión que tuvo con los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente determinaron que si llega un caso “de un producto inviable se actuará para salvar vidas”.
En tanto, la CEB a través de su comunicado denunció y lamentó profundamente sobre la aprobación de ese artículo  ya que hay “graves consecuencias  que se ciernen sobre el conjunto de la sociedad boliviana”,  También destacó que esa  disposición contraviene el artículo 15 de la Constitución   que establece   “proteger el derecho a la vida”.

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