Fuente: Página Siete
La propuesta de ley del  nuevo Código Penal endurece la pena para el varón que obligue a su pareja a practicarse un aborto y si éste termina en muerte,  será considerado un feminicidio. Legisladores aclaran que el aborto seguirá siendo penalizado.
La senadora  del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra afirmó que el hombre que indujera a su pareja a un aborto “cometerá un delito”.
El parágrafo uno del artículo 157 del proyecto de ley     establece que la persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin el expreso y libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con entre tres y 10  años de prisión. “La sanción será agravada en un tercio cuando el aborto sea causado por el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra la mujer”.
Además, cuando a consecuencia del aborto practicado sin consentimiento se produzca la muerte de la mujer, se aplicará la sanción correspondiente a feminicidio, es decir 30 años.
De acuerdo con la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia “se sancionará con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer siendo el autor o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia; por estar la víctima en situación de embarazo” y otros.
El presidente de la bancada del MAS de la Cámara de Diputados, David Ramos,  dijo que el Código Penal vigente sanciona a la pareja de la mujer por obligarla a abortar con una pena de hasta siete años. “Es decir que con la propuesta de ley endurece la pena”.
Aunque Salvatierra comentó que  esa actividad ya se sanciona aplicando   la Ley 438.
Así mismo, la legisladora oficialista explicó que el aborto como tal “continuará penalizado”, y que  la propuesta de ley no busca despenalizarlo, sino aumentar algunas causales con el fin de reducir el índice de mortalidad de mujeres en el país y resguardar el derecho a la vida.
La propuesta de ley del nuevo Código Penal establece dar  una pena de uno a tres años a aquellas mujeres que  voluntariamente interrumpan su embarazo fuera de los casos previstos.
El parágrafo V del articulo 157 de la norma amplía las causas del aborto impune de tres -que son actualmente- a nueve. Entre ellas están: ser mujeres que declaren estar en extrema pobreza, ser estudiante, sea madre o tenga personas adultas o con discapacidad a su cargo o si se detecta malformaciones fetales.
Salvatierra explicó que pueden existir  observaciones, las cuales serán debatidas “con un sustento necesario,  el debate está abierto” y aclaró que se lo hará en un Estado laico.
Comisión distribuye la propuesta de ley 
La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aún no agendó el tratamiento de la propuesta del ley del Código Penal,  actualmente distribuyen la norma para debatirla con sectores sociales.
 “Aún no se definió cuándo será tratado el proyecto de ley. Una vez que se lea, se nos otorgará una copia oficial y luego de un análisis de todos los miembros realizaremos el tratamiento en grande”, afirmó el diputado opositor Wilson Santamaría.
Mientras se distribuye  la propuesta de ley a todas las instituciones que la soliciten, médicos e Iglesia Católica piden participar del debate.
MAS dice que la pobreza es un argumento válido para el aborto 
La pobreza es un argumento válido para solicitar un aborto, afirmó el diputado del Movimiento Al Socialismo  (MAS) Lino Cárdenas.
“(La pobreza)  es un argumento válido para el aborto, porque primero (este embarazo) va a atentar más contra la forma de vida  de la madre y, segundo, (contra el niño, porque) no tendrá ninguna posibilidad de tener condiciones de vida aceptables. Por lo tanto, estamos en la misma situación cuando la mujer fue objeto de violación o su salud  está en riesgo. Así, ante una situación complicada, “nos encontramos en la necesidad de proteger jurídicamente a la mujer”, afirmó ayer el legislador oficialista.
 Esta explicación la dio después de que  la Iglesia Católica emitiera un comunicado en el que convocó a la sociedad a defender el derecho a la vida, ya que la propuesta del ley distorsiona el sistema penal al introducir la pobreza como razón de impunidad para delitos como infanticidio y eutanasia, como si ser pobre fuera una justificación para violar cualquier norma.
  “El tema de la pobreza es un factor que tiene que ver con afectar el bien jurídico denominado  dignidad de la mujer. En este caso, si obligamos a una mujer a ser madre, a pesar de que sabemos que está en situación de calle y que no podrá mantener a su hijo, ¿no está en la misma situación que una persona que está en riesgo su vida?”, preguntó.
Afirmó que la Iglesia Católica siempre tuvo una postura radical respecto a este tema, pero aclaró que el Código Penal vigente desde 1972 establece tres causales para el aborto: violación, estupro  o que ponga en riesgo la vida de la madre. “Esas causales sólo se amplían”, dijo, y explicó que  por eso el aborto como tal seguirá siendo una actividad penada.

Deja un comentario